Consorcio que no calificaba para ejecución de obra de alcantarillado ganó licitación

 Consorcio que no calificaba para ejecución de obra de alcantarillado ganó licitación

La Libertad. – La Contraloría General detectó que la entidad prestadora del servicio de saneamiento Sedalib S.A. otorgó la buena pro a un consorcio, que no cumplió con los requisitos establecidos para la ejecución de una obra de alcantarillado en el centro poblado El Milagro (Trujillo), adjudicada por más de S/ 2.5 millones en agosto de 2020. Actualmente, la obra está en etapa de liquidación.

El Informe de Control Específico N.º 001-2022-2-0264-SCE, que comprende el período del 20 de diciembre de 2019 al 18 de setiembre de 2020, detalla que los documentos presentados en la oferta del postor que ganó la buena pro, en el procedimiento de selección por Licitación Pública N.º 00019-2019-SEDALIB S.A., no acreditaban la experiencia en la especialidad exigida en las bases.

Se evidenció que el consorcio incumplió con acreditar el monto facturado acumulado durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de su oferta, puesto que una de las obras que presentó como experiencia fue entregada con metrados no ejecutados en varias partidas. Asimismo, la comisión de control detectó que la carta de línea de crédito que avala la solvencia económica para la ejecución de la obra estaba condicionaba, en lo concerniente a su disponibilidad inmediata.

Estos hechos fueron ocasionados por el comité de selección que otorgó la buena pro al postor que no cumplía con los requisitos de calificación, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección en mención, así como por la inconducta funcional de funcionarios y servidores públicos de la Subgerencia de Asesoría Jurídica y la oficina de Logística.

En total, son siete los funcionarios y servidores públicos de Sedalib S.A. comprendidos en los hechos, quienes tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa; es por ello que el informe fue comunicado tanto al procurador público especializado en delitos de corrupción, para el inicio de las acciones legales penales, como al titular de la entidad para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.