DEFENSORÍA DEL PUEBLO “PROPUESTA DEL EJECUTIVO PROPICIARÁ INFORMALIDAD Y AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”
DEFENSORÍA DEL PUEBLO “PROPUESTA DEL EJECUTIVO PROPICIARÁ INFORMALIDAD
Y AUMENTO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”
La Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a archivar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, por medio del cual se pretende condonar las multas que han sido impuestas contra transportistas desde el inicio de la pandemia del COVID-19, al considerar que promoverá la informalidad en el sector al desincentivar el cumplimiento de las normas de tránsito y de transporte terrestre, generando con ello un aumento de en la ocurrencia de los accidentes de tránsito.
En
un documento dirigido al titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones
del Legislativo, Alejandro Soto Reyes, que contiene una serie de argumentos por
los cuales se debe dejar de lado dicha iniciativa, la Defensoría del Pueblo
señaló que la propuesta del Ejecutivo constituye un serio retroceso en
la implementación de una política de transporte seguro y de calidad, así como
un nuevo debilitamiento de la institucionalidad del sector, que aleja al
Estado de su deber de brindar solución a los graves problemas de inseguridad
vial que afronta nuestro país.
De
acuerdo a cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, en los últimos cinco
años se han producido más de 406 000 accidentes de tránsito que han
ocasionado la muerte de más de 14 000 personas y han dejado heridas o en
situación de discapacidad a más de 268 000 personas. Además, según cifras
oficiales de la Policía Nacional, solo en 2021 se produjeron 74 624
accidentes de tránsito, con un repunte de más del 40 % en la cifra de personas
fallecidas respecto del año anterior.
De
otro lado, entre las principales causas de los accidentes registrados durante
el 2021 se encuentran la imprudencia del conductor (28,22 %), seguida por el
exceso de velocidad (27,62 %) y la ebriedad del conductor (6,56 %). Además, el
factor humano representó la causa del 79,51 % de los accidentes ocurridos en la
última década.
“Como
puede apreciarse, la mayor parte de los accidentes de tránsito se produce como
consecuencia de infracciones de tránsito a cargo de quienes conducen vehículos,
por lo que resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo busque amnistiar
las faltas directamente relacionadas con los siniestros viales, tal como figura
en el proyecto de ley presentado”, sostuvo la adjunta de Medio Ambiente,
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (Amasppi) de la Defensoría del Pueblo,
Lissette Vásquez, en el documento dirigido a la comisión del Parlamento que
analiza el tema.
La
representante de la Defensoría del Pueblo precisó que si bien las medidas
dispuestas por la pandemia por el COVID-19 menoscabaron la economía nacional y
repercutieron en el sector transportes, la disminución de los ingresos no puede
ser justificación para cometer infracciones de tránsito o de transporte que
ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Por el contrario, afirmó
que la conducción imprudente viola las normas de circulación y genera
accidentes de tránsito, y por tanto, merece la imposición de la respectiva
sanción.
Finalmente,
como parte de los argumentos dirigidos al Legislativo, la titular de la Amasppi
consideró que el proyecto de ley equipara injustamente a quien infringe
y a quien cumple la ley. Asimismo, que coloca en una situación desventajosa
a infractores que cumplieron con el pago de sus multas y asumieron las medidas
adicionales que correspondían a sus respectivas papeletas y actas de control.
El
documento concluyó con un pedido para que se solicite la opinión de la
Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial del
Callao, en calidad de instituciones representativas de las ciudades que
registran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, así como de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del
Perú, debido a la afectación de sus competencias.
