JUZGADO DE LA ESPERANZA DILATA 6 AÑOS DENUNCIA DE CONTRALORÍA CONTRA APEPISTA MARTÍN NAMAY.
Ex alcalde Daniel Marcelo, candidata Sandra Terrones, y 23 funcionarios y regidores de la municipalidad de la Esperanza fueron denunciados en el 2016 y diversas maniobras judiciales los han salvado de ser sentenciados hasta la fecha.
Un Juzgado de Paz de la Esperanza viene
dilatando más de 6 años una denuncia contra Martin Namay, Daniel Marcelo,
Sandra Terrones, y los regidores y funcionarios de la última gestión de Daniel
Marcelo en el municipio esperancino.
En total Son 23 los denunciados por daños y
perjuicios contra el Estado, debido a un aumento irregular en sus dietas, por
lo que el Procurador Público de la Contraloría solicitó una indemnización, en
el año 2016, sin embargo el caso se ha dilatado ya 6 largos años a pesar que
las pruebas son claras según la Contraloría.
La oficina de Coordinación Regional Norte de la
Contraloría General de La República concluyó en ese entonces que el alcalde del
distrito de La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto, y los Regidores del período
2007-2010, así como los de la gestión 2014-2018, de esta comuna trujillana,
habrían ocasionado un perjuicio económico de 165 mil 885 soles, al haberse
incrementado irregularmente sus remuneraciones y dietas al iniciar las
diferentes gestiones. Fue lo primero que aprobaron y el interés era evidente.
El demandante es Jaime Ortiz Rivero, Procurador
Público de la Contraloría General de la República, ante el Primer Juzgado de
Paz de La Esperanza, pero desde el inicio el proceso fue demorado por malas
decisiones de los jueces esperancinos que incluso hasta “desaparecieron” el
expediente unos meses, de manera inaudita. Luego se basaron en la pandemia para
retrasar la vista de la causa y solo faltó finalmente que culparan a la guerra
de Rusia y Ucrania, a pesar que la causa
ha sido calificada como “abreviada”.
Ana Karina Armas Rivera, fue la primera jueza
de la causa en el 2016, ella decidió rechazar la denuncia y ordenar su
archivamiento por supuestamente ser inadmisible porque la Contraloría no había
iniciado una conciliación previa, incluso en su resolución la Jueza llama
severamente la atención al Secretario judicial Jimmy Coronado Valladares por no
respetar los plazos legales al dar cuenta de la demanda.
La Contraloría interpone entonces un recurso
impugnatorio pero ya la jueza era Carmen Torres Hilario, quien acepta el
recurso y lo eleva a su superior jerárquico, el Juzgado Civil Permanente de La
Esperanza, luego de diversas “dificultades” en las notificaciones a los 23 demandados.
Pero el Juzgado Civil verifica a solicitud de la Contraloría, que no le han
sido enviados todos los tomos del expediente por lo cual se lo “devuelve” al
Juzgado de Paz Letrado para que se subsane ese “error”. Ya era diciembre del
2019. Y ese “error” de no enviar los tomos es evidente maniobra para dilatar
los plazos.
Transcurrió un año más en octubre del 2020 para
darse cuenta que el expediente N° 00112-2016 solo había sido remitido en el
sistema pero no en físico, alegando la pandemia del COVID, vacaciones de los
secretarios, y el trabajo remoto.
Recién el 10 de julio del 2021 el Juzgado Civil
contando con el expediente completo, lleva a cabo la vista de la causa y emite
resolución N° 14 del 15 de julio del 2021 dando la razón a la Contraloría, pues
la norma indica que cuando se trata de un pago indebido la Contraloría no está
facultada a buscar conciliación debido a la naturaleza del delito y a que el
autor es un funcionario público.
El 18 de octubre del 2021, 5 años después
recién el Primer Juzgado de Paz Letrado de la Esperanza admite a trámite la
demanda interpuesta por Diógenes del Castillo Loli, Procurador Público en
Materia Hacendaria, contra Namay y compañía por haberse subido de manera
irregular las dietas en dos gestiones municipales causando un perjuicio al
Estado de más de 165 mil soles, y ordena un proceso “abreviado”.
Pero el concepto de abreviado, es desconocido
para los funcionarios judiciales del Módulo Judicial Básico de la Esperanza,
perteneciente a la Corte Superior de la Libertad. El 3 de marzo de este año, mediante la
Resolución N° 17 el Juez Walter Joel Saavedra González llama la atención esta
vez a las secretarias Giovanna Vásquez de la Cruz y Margarita Noriega Córdova,
porque a pesar que el expediente había sido recepcionado el 5 de noviembre del
2021 las cédulas de notificación no fueron generadas dentro del plazo de ley a
lo que la secretaria alega su elevada carga procesal. Es decir, el proceso está
actualmente a la espera de las notificaciones a los implicados, para proceder a
escuchar los descargos y tomar una decisión sobre la denuncia de Contraloría
que exige la indemnización al Estado por haberse subido las dietas
indebidamente.
Esta es una muestra más de la desidia del Poder
Judicial lo que permite la impunidad por parte de aquellos funcionarios
públicos que disponen de los fondos que les son encargados para su manejo
generando beneficios personales, como al parecer todo indica es este caso,
según la propia Contraloría General de la República.